Hay quienes consideran como una prueba de tanteo entre la población que haya circulado un documento verídico con propuestas analizadas por el Gobierno para la inminente reforma fiscal. Sea cierto o no, los planteamientos han generado críticas y rechazo, en especial entre la clase media, a la que le provoca enojo que se haya debatido aumentar a 35 % el impuesto sobre la renta (ISR) al salario superior a los RD$72,260 mensuales.

“El proyecto plantea que quienes ganen más de 867 mil pesos anuales, o sea 72,000 al mes, deben pagar un 35 % de impuestos, lo cual es otro absurdo si el mismo proyecto plantea que las sociedades pagarán solo un 30 %”, plantea por escrito el especialista en derecho tributario Edgar Barnichta Geara. “Es una disparidad que no puede existir, pues todos haremos sociedades para eludir un 5 % de diferencia en impuestos”.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y otros sectores consultados por Diario Libre prefieren esperar a la propuesta oficial que presentará el Gobierno para opinar.

El perremeísta José (Bertico) Santana, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, argumenta que “lo que hay en la calle” son puras especulaciones. “Lamentablemente, la reforma fiscal hay que hacerla, pero nadie ha querido asumir el costo político (que conlleva)”, dice el legislador. “Pero el PRM y el presidente Luis Abinader han decidido hacer la reforma y van a hacer la reforma, pero se va a hacer la reforma que todo el mundo esté de acuerdo”.

El Gobierno ha planteado que es necesario un ajuste antes de que los mercados lo impongan y para esto se basa en recomendaciones de calificadoras de riesgo.

En el documento que circula en la internet con las propuestas discutidas, el Gobierno ha indicado que en noviembre de 2020 la calificadora S&P Global indicó que podría “bajar las calificaciones si el Gobierno no puede aprobar reformas” para frenar el déficit fiscal.

El Gobierno también indica que la calificadora Moody’s señaló en octubre de 2020 que la “falta de respuesta de las autoridades para abordar la tendencia subyacente de un aumento persistente de la deuda pública conllevaría una rebaja de la calificación”.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), Noel Ureña, dice que ese sector espera que la reforma fiscal no sea solo aumento de tasas, sino transparentar ingresos y gastos.

“Revisar y bajar algunas tasas, quitar impuesto a los inventarios, bajar el Itbis al 12 por ciento y ampliar la base, que no toque ni salud ni medicamentos y los rubros del campo”, sugiere Ureña tomar en cuenta para la reforma fiscal.

Entre el catálogo de propuestas que ha analizado el Gobierno para la anunciada reforma figura establecer una sola tasa de 16 % para el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados (Itbis). Esto implicaría llevar a 17 % el primer año los bienes ac- tualmente gravados con el 18 %, a 16.5 % el segundo año y 16 % en lo adelante.

También, eliminar el anticipo para personas físicas y mipymes, fijar un pago de 1 % sobre el valor de mercado para el marbete de los vehículos con un valor superior a los US$10,000, establecer un impuesto para las bebidas azucadaras y eliminar la deducción del gasto educativo del ISR.

El diputado peledeísta Luis Henríquez Beato afirmó que, si se oficializa la propuesta de “revolución” fiscal que se ha dilucidado, “desaparecerá la clase media”. “En la República Dominicana a partir de la aplicación de esta revolución fiscal, va a haber dos clases: la clase pobre y una clase rica”, dice.

“No creo que sea verdad que la reforma que anda por ahí circulando sea lo que ellos (el Poder Ejecutivo) vayan a enviar”, entiende el senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez. “Creo que es un globo de ensayo para ver cómo cae en la población”.

El Gobierno también ha discutido derogar una serie de exenciones al sector turístico, manufacturero, educativo y otros. “Se elimina la amortización de las inversiones hoteleras para fines del impuesto sobre la renta, pero siguen disfrutando de otras muchas exenciones”, observa Barnichta Geara. “Los hoteles tienen cerca de 40 años beneficiándose de exenciones mientras otros pagamos impuestos” indicó el experto.