El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha abierto una investigación interna sobre el proyecto inmobiliario The Reef, en Punta Bonita, Las Terrenas, tras detectar una diferencia significativa entre el polígono autorizado en los Términos de Referencia (TDR) emitidos por la institución y el aprobado finalmente en la Licencia Ambiental 0577-24, otorgada en agosto de 2024.
Una fuente oficial del ministerio confirmó a Diario Libre que el ministro Paíno Henríquez ha instruido una investigación profunda “para detectar cualquier tipo de esquema o acto de corrupción, o cualquier violación al debido proceso en el compendio de autorizaciones ambientales que se haya producido, y tomar entonces, de acuerdo a la Ley 64-00, las medidas correspondientes”.
De acuerdo con esa misma fuente, una comisión multidisciplinaria del ministerio inspeccionó el área el pasado viernes. En la visita participaron técnicos de los viceministerios de Cambio climático, Suelos y aguas, Recursos forestales, Áreas protegidas, Gestión ambiental y la Dirección de Fiscalización, quienes preparan un informe técnico concluyente que será entregado directamente al ministro.
Diferencias entre polígonos
El proyecto inmobiliario The Reef se desarrolla en la zona de Playa Bonita, en el municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná, una de las áreas costeras más cotizadas y ambientalmente sensibles del noreste dominicano.
Según datos oficiales de la promotora Noval Properties, el complejo se sitúa a pocos minutos del malecón de Las Terrenas y del Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch, abarcando un terreno de más de 187,000 metros cuadrados frente al mar.
Su localización coincide parcialmente con una zona clasificada como inundable por el Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente y se encuentra dentro del límite de 300 metros de la zona de amortiguamiento del Santuario de Mamíferos Marinos, un área protegida que aún carece de plan de manejo.
Diario Libre tuvo acceso tanto a los TDR como a la licencia ambiental otorgada al proyecto. Al comparar ambos documentos, este medio pudo constatar que las coordenadas del polígono autorizado en la licencia son distintas y más extensas que las originalmente delimitadas en los TDR, lo que podría tener implicaciones ambientales y legales.
Una revisión documental confirma que los propios TDR del proyecto establecen que este se desarrollará sobre las parcelas 3899-R, 3899-B-1-REF-28, 29 y 30 del Distrito Catastral 7, con una extensión de 187,278 m² y una área de construcción de 78,235 m².
No obstante, la licencia ambiental 0577-24 emitida posteriormente indica que el proyecto se desarrollará en los mismos inmuebles, pero sobre una superficie total de 84,719.10 m², con un área autorizada de intervención de apenas 31,130.20 m².
Más allá de la discrepancia en los metros cuadrados, las coordenadas UTM de los polígonos delimitados en ambos documentos no coinciden, lo que ha levantado serias alertas dentro del Ministerio de Medio Ambiente.
Según una fuente interna consultada por Diario Libre, esta incongruencia forma parte central de la investigación oficial en curso para determinar si se violaron procedimientos legales en la aprobación del permiso ambiental.
En las imágenes de drones se observa un humedal, de unos 28,000 metros cuadrados, con abundancia de mangle y otras especies y un pequeño río llamado por los locales como Punta Bonita.
Se aprecia también la parte actualmente en desarrollo y donde se están realizando rellenos y caminos corresponde a una buena parte del polígono autorizado por la licencia ambiental, el cual se menciona en los términos de referencia: “El proyecto cuenta con una superficie edificada de 84,719.10 m² y con una ocupación de 31,130.20 m² (16 %). A su vez cuenta con una Reserva Natural de 26,260 m² situada en el corazón del proyecto”.
Expertos advierten que los rellenos en áreas colindantes a manglares y humedales pueden generar impactos significativos en su funcionalidad ecológica. Entre los posibles efectos se encuentran la alteración del flujo hídrico natural, el bloqueo de entradas de agua subterránea o superficial, y el aumento de escorrentías que pueden contaminar o desestabilizar el ecosistema.
Según la Convención Ramsar sobre los Humedales (2010), incluso actividades realizadas en la periferia de estos ecosistemas pueden modificar su régimen hidrológico y comprometer su capacidad para sostener la biodiversidad, actuar como esponja natural frente a inundaciones, o filtrar contaminantes del agua. Por esta razón, muchas legislaciones y tratados internacionales recomiendan mantener zonas de amortiguamiento libres de intervención alrededor de humedales.
De acuerdo con la comunicación enviada por la empresa desarrolladora del proyecto The Reef, el área donde actualmente se señala la presencia de un cuerpo de agua no corresponde a un humedal natural, sino a una depresión artificial generada por desagües improvisados de terrenos colindantes, lo que habría provocado un embalsamiento temporal por falta de mantenimiento de los drenajes pluviales.
Al revisar las imágenes satelitales de Google Earth de 2003, se observa la existencia de canales de drenaje artificiales, pero no de un ecosistema de humedal consolidado.
Sin embargo, la empresa afirma que esa laguna artificial está siendo respetada conforme a las indicaciones del Ministerio de Medio Ambiente y que dispone de evidencia técnica y visual que respaldaría su versión, la cual podría ser difundida públicamente en campañas futuras.
Denuncias públicas y alerta sobre aprobación exprés
El comunicador y analista Nolberto Batista denunció públicamente que el proyecto fue aprobado en un tiempo inusualmente corto, entre el 7 y el 22 de agosto de 2024. En ese período, se habrían ejecutado todas las fases del proceso: recepción del estudio técnico, validación, revisión por comités y emisión de la licencia.
“El artículo 110 de la Ley 64-00 es claro: está prohibido construir en humedales y zonas inundables sin autorización expresa y bajo criterios técnicos rigurosos. Pero aquí no hubo criterios, hubo carrera”, expresó Batista, quien ha sido una de las voces más firmes en cuestionar la legalidad del proyecto y ha pedido la suspensión inmediata de las obras.
En declaraciones ofrecidas a este medio, Batista confirmó que ha rechazado al menos tres solicitudes formales de reunión por parte de la empresa desarrolladora, alegando que prefiere esperar el informe técnico del ministerio y que su rol como denunciante debe mantenerse independiente.
La posición de la empresa
El 29 de mayo, la empresa desarrolladora del proyecto, Noval Properties, emitió un comunicado oficial en el que defendió la legalidad y transparencia del proceso.
Asegura que The Reef fue sometido a evaluación ambiental desde 2022 y que durante más de dos años se realizaron inspecciones, ajustes técnicos y procesos de validación conforme a las normativas vigentes.
Respecto a los señalamientos sobre el terreno, Noval sostiene que no se trata de un humedal natural, sino de una “depresión artificial producto de desagües improvisados en terrenos colindantes” que provocaron un embalsamiento de agua temporal.
La empresa afirma que esa área está siendo respetada y que cuenta con “evidencia visual, técnica y satelital” para sustentar sus afirmaciones.
Diario Libre intentó obtener, vía correo electrónico, una versión directa de la empresa y validar los documentos obtenidos. Hasta el cierre de esta edición, no se había recibido respuesta.