En República Dominicana, miles de familias viven en silencio la realidad de criar hijos con autismo. Aunque oficialmente hay más de 6,000 casos certificados, las cifras reales podrían superar los 60,000 niños, muchos de ellos excluidos por un sistema que no está preparado para atenderlos.

La Ley 34-23 reconoce sus derechos, pero en la práctica carece de recursos, centros especializados y programas gratuitos de apoyo. El diagnóstico es costoso y las escuelas públicas no cuentan con la preparación necesaria.

En lugares como Puerto Plata urge invertir en educación inclusiva, formación docente y servicios de apoyo reales. El autismo no es una enfermedad: lo que enferma es la indiferencia.

Cada acto de comprensión y cada espacio adaptado construyen un país más justo. Escuchar, incluir y actuar es el primer paso para que estos niños dejen de ser invisibles.