Las principales asociaciones del sector turístico de la República Dominicana solicitaron al Gobierno una revisión técnica del mecanismo de cobro establecido por la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que su aplicación actual representa una carga desproporcionada para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) dedicadas a la intermediación turística.

El planteamiento fue realizado durante una rueda de prensa conjunta encabezada por la Asociación Dominicana de Operadores de Turismo (ADOTUR), la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT), la Organización de Profesionales del Turismo (OPETUR) y la Asociación de Tour Operadores Receptivos (ASOTURE).

Las entidades afirmaron que el esquema vigente no reconoce la naturaleza operativa de las empresas que actúan como intermediarias en la cadena turística.

El presidente de ADOTUR, Bladimir Monegro, explicó que las agencias de viajes, tour operadores y mayoristas turísticos manejan elevados volúmenes de facturación por cuenta de terceros, pero operan con márgenes reducidos y generan una cantidad mínima de residuos sólidos, por lo que consideran injusto que la contribución sea calculada sobre la facturación bruta.

“Somos MiPymes turísticas, somos intermediarios y somos comisionistas. No podemos ser medidos igual que una industria, un gran establecimiento comercial o una actividad que genera altos volúmenes de desechos.

La contribución debe responder a criterios técnicos, proporcionales y ajustados a la realidad de cada sector económico”, manifestó Monegro en representación de las asociaciones.

Las organizaciones también alertaron que un mismo servicio turístico puede ser gravado varias veces dentro de la cadena de comercialización, ya que una agencia minorista compra a un mayorista, este contrata hoteles, transporte o excursiones y cada uno de esos actores puede volver a pagar la misma contribución, lo que incrementa los costos y reduce la competitividad de las empresas formales.

Asimismo, aclararon que respaldan plenamente los objetivos ambientales de la Ley 225-20 y una adecuada gestión de los residuos sólidos, pero insistieron en que la aplicación del cobro debe ajustarse a los criterios técnicos previstos en la legislación, tomando en cuenta la cantidad de residuos generados, el tipo de actividad económica y los ingresos reales de cada empresa.

Las asociaciones también reclamaron mayor transparencia sobre los recursos recaudados mediante esta contribución desde su implementación, solicitando información detallada sobre los fondos obtenidos, los proyectos ejecutados, los resultados alcanzados y los mecanismos de supervisión utilizados para garantizar una gestión eficiente de los residuos sólidos.

Finalmente, OPETUR, ASOTURE, ADAVIT y ADOTUR solicitaron al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y demás instituciones competentes la conformación de una mesa técnica de trabajo para revisar la aplicación de la contribución y consensuar una solución que permita cumplir los objetivos ambientales de la ley sin afectar la competitividad, la formalidad y la sostenibilidad financiera de las MiPymes del sector turístico.